En el mundo de la energía, las empresas estatales no son una rara avis, especialmente en el negocio petrolero y gasista. Los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) controlan más del 80% de las reservas de petróleo de todo el mundo y la mayor parte la gestionan a través de empresas estatales. Un buen ejemplo es el emirato de Abu Dabi, de donde procede Taqa, la empresa que pretende a Naturgy. Pero la participación del sector público en empresas energéticas tampoco es algo anormal en el entorno europeo, donde todavía quedan vestigios de antiguos monopolios públicos.
Francia, Italia, Alemania, Noruega o Suecia son algunos de los ejemplos. También España, en el caso de las propietarias de las redes de electricidad y de gas, Red Eléctrica (propiedad en un 20% de la SEPI, sociedad española encargada de las participaciones empresariales de titularidad pública) y Enagás (5% de la SEPI). Está por ver si esta presencia aumenta en caso de que el Gobierno opte por neutralizar la potencial entrada emiratí como está haciendo en Telefónica tras la llegada de STC.
La forma de control que cada Estado ejerce es variada, desde el 100% de titularidad pública, como en Suecia, hasta tener una cuota minoritaria, como en Polonia, o con una cuota minoritaria pero siendo el primer accionista, como en Italia.
Y, aunque la mayoría de las veces ese capital procede de los restos de antiguas propiedades públicas, fruto de una liberalización ‘a medias’ del sector a partir de los años 90, como la italiana Enel o la francesa Engie; también hay casos de nuevas nacionalizaciones, como el de EDF en Francia o Uniper en Alemania, como consecuencia de la crisis energética.
E incluso hay gobiernos que ejercen su control a través de las llamadas ‘acciones de oro’, que generalmente otorgan derechos preferenciales de voto, más allá de la proporción del capital invertido, y permiten a los Estados ejercer control sin comprometer capital. Aunque este tipo de herramientas han desaparecido, prácticamente, queda algún ejemplo como una planta nuclear de nueva construcción en Reino Unido, que es propiedad de EDF.
A favor está que las empresas estatales “pueden beneficiarse de una serie de ventajas que están vinculadas a su propiedad y proximidad al Gobierno”, según se expone un artículo sobre propiedad empresarial pública elaborado por la OCDE, de 2018. Entre estas ventajas, el artículo destaca “el apoyo a los precios, tasas de financiación preferenciales y bajas expectativas de rendimiento, garantías estatales, donaciones, subsidios directos y concesiones fiscales, otro tipo de subsidios, acceso privilegiado a la información, exenciones regulatorias, trato preferencial en adquisiciones públicas, apoyo a la diplomacia comercial y otras formas de apoyo”.
En contra, añade el mismo artículo, hay que valorar que el posible trato “preferencial” a este tipo de empresas por parte de sus gobiernos de origen puede producir “distorsiones del mercado” tanto a nivel interno, respecto a empresas privadas nacionales, como en términos de competencia internacional.
Francia: Renacionalización de EDF
El mayor proveedor de electricidad en Francia es EDF (Electricité de France), compañía de la que el Estado francés posee desde mediados del año pasado la totalidad de sus acciones, después que de que su presidente Emmanuel Macron anunciara la compra del 15% que estaba en bolsa. Hasta ese momento, poseía el 85% de las acciones de la que es la principal empresa eléctrica del país vecino.
Este modelo de empresa pública permitió al Gobierno contener el precio de la luz de los consumidores franceses durante la crisis energética y, por ende, también ayudó a contener la inflación del país. Pero, como consecuencia de ello, la eléctrica registró unas enormes pérdidas en 2022, que aumentaron en 21.500 millones de euros la deuda de la compañía, hasta la cifra récord de 64.500 millones de euros y provocó su completa nacionalización el año siguiente.
La segunda mayor eléctrica y gasista en Francia es Engie, surgida de la fusión de Suez y Gaz de France, también tiene capital estatal. Con un valor bursátil mayor a los 38.000 millones de euros, mayor que cualquiera de las energéticas españolas, salvo Iberdrola, Engie tiene también una importante participación pública, que asciende al 23,6%, siendo el Estado el accionista con un paquete de acciones mayor.
Alemania: Nacionalización de Uniper
Una situación parecida a la francesa vivió Alemania con Uniper, el mayor importador de gas de país y uno de los principales clientes de la rusa Gazprom. Propiedad del gigante público finlandés Fortum, el gobierno alemán decidió nacionalizar la compañía en septiembre de 2022 para garantizar el suministro energético del país en medio de la guerra de Ucrania. El recorte del suministro de gas por parte de Moscú forzó a Uniper a comprar gas a otros proveedores para poder cumplir sus contratos con sus clientes, a los que no podía trasladarles sus nuevos costes, cuando el precio se llegó a multiplicar por 10 frente a los niveles previos a la crisis.
A mediados de año, Berlín había tomado una participación del 30% del grupo energético, pero finalmente decidió hacerse con todo el capital a un precio de 1,70 euros por acción, lo que supuso un desembolso de 500 millones de euros. A esto se sumó un aumento de capital de 8.000 millones valorado en 13.500 millones de euros, que fue suscrito íntegramente por el gobierno alemán y resultó en una participación del 99,12%.
Italia: Participación en Enel y Eni
Distinto es el caso italiano, con varias empresas con capital público, pero minoritario. Las dos grandes energéticas del país son la eléctrica Enel, con una valoración de 60.530 millones de euros, y la petrolera Eni, valorada en unos 50.000 millones (como referencia, la principal energética española Iberdrola tiene una capitalización de 75.000 millones de euros). Después de una privatización en distintas fases, ambas mantienen una participación del Estado, que ahora gestiona el Gobierno de Giorgia Meloni.
Enel tiene un 23,6% de capital público. El 56,7% son inversores institucionales y el resto (19,7%), minoristas. Además de la dueña del 70% de la española Endesa, Enel es la principal distribuidora y vendedora de electricidad de Italia. Fue fundada en 1962 por el Parlamento italiano para unificar todas las actividades de generación, transmisión y distribución de electricidad. Por otra parte, Eni domina el suministro de gas, con dos tercios de la producción y el 42% de las importaciones en 2022, según datos de la compañía de análisis energéticos, Enerdata. El ministerio de Economía y Finanzas italiano cuenta con el 32,3% de su capital, mientras que el 47,9% son inversores institucionales y 14,2%, minoristas.
A estas dos empresas se suman otras dos, encargadas de las redes de electricidad y gas, y que serían el equivalente a las españolas Red Eléctrica y Enagás. Una es Terna, encargada del transporte y al mantenimiento de la red eléctrica, el 29% es propiedad del Estado a través de CDP S.p.A., controlada por el Ministerio de Economía y Finanzas. La otra es Snam, responsable del transporte, despacho y almacenamiento de gas natural, así como de la regasificación de gas natural licuado (GNL), de la cual el 31,4% es capital público.
Países nórdicos: De Statoil a Ørsted
Noruega es el país nórdico con mayor capital público en sus empresas. La petrolera Statoil es la empresa más grande de la nación, con una capitalización bursátil de más de 80.000 millones de euros. El Ministerio de Comercio, Industria y Pesca gestiona la participación estatal, que asciende al 67% de su propiedad. En 2018 fue renombrada Equinor y se ha convertido en un operador relevante en energía eólica marina a nivel mundial. Aunque sigue siendo el principal operador de petróleo y gas del país, la compañía ha desinvertido parte de su negocio petrolero, como las estaciones de servicio, e impulsado las inversiones en energías renovables y soluciones bajas en carbono, pero el grueso de sus beneficios sigue siendo ‘marrón’.
No solo el negocio petrolero está en manos públicas en Noruega, la empresa hidroeléctrica Statkraft, propietaria del 30% de la capacidad de producción eléctrica del país, es de propiedad exclusiva del Estado, a través Ministerio de Comercio, Industria y Pesca. Además, el ministerio de Energía del país administra Gassco AS (operador del sistema de transporte gasista) y Statnett SF (operador del sistema eléctrico noruego) que operan en régimen de monopolio, como en España, mientras que Gassnova SF es la empresa estatal de captura y almacenamiento de carbono.
También la sueca Vattenfall y la finlandesa Fortum son de capital estatal con el 100% y el 51,2%, respectivamente. En ambos casos son empresas con actividad en varias partes de la cadena de valor eléctrica y con una importante historia de generación hidroeléctrica y nuclear. Por otra parte, el Estado danés es el accionista mayoritario del gigante energético Ørsted, con una participación del 50,1%. Creada en plena crisis del petróleo para reducir la dependencia de Oriente Próximo y extraer petróleo y gas en el Mar del Norte, a finales de los años 90 comenzó a especializarse en eólica marina y hoy es uno de los grandes desarrolladores de energía renovable del mundo. La danesa, que llegó a tener una capitalización bursátil de 75.000 millones de euros, se sitúa ahora en el entorno de los 20.000 millones, envuelta en una crisis en los últimos meses por problemas con la eólica marina.
Polonia: Carbón, petróleo, gas y electricidad
En Polonia, el Estado ha mantenido una parte importante de sus participaciones en empresas energéticas. Entre ellas, posee el 100% del primer productor de carbón, Katowic Holding Weglowy, y la mitad del segundo, Jastrzębska Spółka Węglowa. También la Compañía Polaca de Petróleo y Gas (PGNIC) es de propiedad mayoritaria del Gobierno, que tiene el 81% de la producción nacional de petróleo y a través de sus filiales domina el sector del procesamiento de gas y posee la mayoría de ductos de distribución y almacenamiento subterráneo.
Por otra parte, Polska Grupa Energetyczna (PGE) es el mayor productor de electricidad del país y en un 57,3% está en manos del Estado. Entre sus accionistas, con menos de un 2% cada uno, figuran grandes grupos internacionales como las aseguradoras Aegon, Generali, Axa o Allianz. También Tauron Polska Energia tiene un 30% público. En los dos casos son compañías creadas en 2007 a partir del antiguo monopolio estatal Polskie Sieci Energetyczne S.A. (PSE). Están integradas verticalmente, con actividades de generación, distribución y suministro. La red de transmisión de Polonia es operada y propiedad de PSE Operador S.A., que permanece en estado propiedad.
